Los 4 retos mas urgentes para garantizar la protección de los Derechos Humanos en Colombia:
La historia política de nuestro país, ha estado marcada porque en diferentes periodos de tiempo se han presentado conflictos causados por dinámicas políticas, lucha guerrillera, grupos contrainsurgentes, narcotráfico, delincuencia, convivencia ciudadana, entre otras, y manifestaciones o expresiones de violencia con múltiples causas y múltiples efectos a nivel urbano, a nivel rural, que muchas veces se retroalimentan, y han permanecido en nuestra sociedad, de allí la importancia de establecer 4 importantes retos a trabajar para garantizar una adecuada orientación de la política pública en materia de Derechos Humanos en nuestro país:
1. Acabar con la instrumentalización política del discurso de los Derechos Humanos: Cada uno de los sectores políticos, con sus activistas en redes sociales, espacios de participación, campañas electorales, debates mediáticos, cargos de elección popular que han obtenido, y las curules de sus representantes, justifican, hacen caso omiso, o destacan diversas expresiones de violencia según les convenga, y hacen ver como víctimas a algunas personas según sea la conveniencia de sus intereses, desconociendo que uno de los principios de los derechos humanos es su universalidad porque todos los seres humanos tienen esos mismos derechos, y no es correcto defender el derecho a la vida de unos, olvidando defender el derecho a la vida de todas las personas, o peor aún, justificando el daño causado a algunas personas en función de su cargo, la entidad que representan, o la comunidad a la que pertenecen. Mientras otros países avanzan en discusiones políticas relacionadas con el fortalecimiento de sus capacidades de desarrollo, y la mejor forma de mejorar su calidad de vida, en Colombia, aún no hemos comprendido que no es útil para el país seguir avivando divisiones desde inadecuadas lecturas del discurso de los Derechos Humanos.
2. Comprender que los Derechos Humanos son una responsabilidad de todos: históricamente se ha visto la responsabilidad de la protección de los Derechos Humanos desde una perspectiva vertical en la cual el Estado tiene de manera preventiva, las obligaciones de promover, respetar, proteger, y garantizar los Derechos Humanos, al igual que las obligaciones de actuar cuando se han presentado violaciones a estos derechos para prevenir, investigar, sancionar, y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos establecidos en la ley, y en acuerdos normativos especiales como la jurisdicción especial para la paz construida en el marco del acuerdo final entre el gobierno nacional y las Farc.
Por lo anterior, es muy común escuchar acusaciones de responsabilidad del Estado por las violaciones de DDHH, tanto por sus acciones, como por sus omisiones, tanto por parte de victimas legitimas de estos actos, como por personas y partidos de izquierda que de manera oportunista, recurrente, e incluso irresponsable, han buscado criminalizar cualquier acción estatal con el propósito de sacar ventajas electorales y políticas. Sin embargo, se han dejado de lado las dinámicas de violencia horizontal que afectan los Derechos Humanos, tales como las dinámicas que se presentan a nivel de convivencia ciudadana y a nivel intrafamiliar, escenarios donde se presentan graves afectaciones a derechos humanos, como el derecho a la vida y en el escenario intrafamiliar los casos de violencia sexual y de género principalmente, y este escenario intrafamiliar se ha dejado de lado por parte de la política pública, a pesar de ser uno de los lugares donde más se afectan los derechos contra distintos grupos poblacionales, como adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, las mujeres y también muchos hombres, quienes se encuentran excluidos, o minimizados por las instituciones responsables de temas de equidad de género y familia, en contextos políticos en los cuales el desarrollo de la política pública para la garantía de derechos a nivel intrafamiliar y de convivencia ciudadana es bastante precario, y por la orientación de los mandatarios y mandatarias, se excluyen algunos sectores y se privilegian otros.
3. Desarrollar capacidades en materia de ciudadanía y cultura ciudadana para la garantía y protección de Derechos Humanos: Es necesario desarrollar y construir capacidades en los ciudadanos, para que en el ejercicio de su ciudadanía y de sus actividades cotidianas, actúen en el marco del respeto y garantizando el cumplimiento de la garantía de los Derechos propios y ajenos, sin caer en el desequilibrio entre derechos y deberes que afecta de manera sistemática el bienestar y el interés general, como consecuencia de esta mirada individualista.
Y en sintonía con el numeral anterior, es necesario comprender que este desarrollo de capacidades es responsabilidad de todos, y como planteó en Papa Francisco, no es solo responsabilidad de docentes de escuela primaria, secundaria y docentes universitarios, porque también es un rol que asumen en múltiples esferas de la vida cotidiana: líderes comunitarios, líderes religiosos, padres y madres de familia, voluntarios de organizaciones sin fines de lucro, consultores o asesores empresariales, entrenadores deportivos, funcionarios públicos, entre otros roles que pueden servir como un punto de referencia y de promoción del respeto por los derechos humanos.
4. Exigir el nombramiento de personas idóneas para liderar entidades y cumplir funciones de cargos responsables de la garantía y protección de DDHH: Este principalmente es un reto para los responsables de designar funcionarios en estos cargos , pero como ellos generalmente priorizan criterios burocráticos y políticos, antes que criterios técnicos, realmente es responsabilidad de ciudadanos, las organizaciones políticas, las organizaciones de veeduría, líderes de opinión, y los periodistas, para exigir el nombramiento de personas idóneas para liderar entidades y cumplir funciones de cargos responsables de la garantía de protección de los Derechos Humanos.
Es evidente la falta de capacidad de gestión en casos como el nombramiento de la ministra de minas y energía, quién no tiene una formación adecuada para el desarrollo de sus funciones, ni para liderar el desarrollo de este importante sector para la economía del país y la mejora en la calidad de vida de millones de personas, pero esta ha sido la regla en los nombramientos como funcionarios como el defensor del pueblo, personeros municipales, y diferentes órganos que deben adelantar una tarea propia para el desarrollo, la gestión y la garantía de los Derechos Humanos, o mas recientemente, con el nombramiento de la directora de adopciones en el ICBF, a pesar de que nunca ha trabajado en el tema. La falta de capacidad de gestión afecta en gran medida la garantía derechos en nuestro país, no solamente los violentos son responsables, también los funcionarios sin competencia, que carecen de las facultades para el ejercicio de sus funciones, en las cuales de su gestión depende la representación de los intereses de personas vulnerables, y la protección y garantía de sus derechos.
Los invitamos a conocer nuestro portafolio de servicios en el siguiente enlace: https://ciudadaniaparaeldesarrolloconsultoria.com/servicios/
