Los invitamos a leer esta traducción al español, del articulo originalmente titulado: «5 triggerrs for the increase in the violation of human rights in Colombia» publicado inicialmente el día 9 de febrero de 2024, en la plataforma DEVELOPMENT AID.
Diariamente vemos en las noticias y en nuestra vida cotidiana como empeoran las condiciones en materia de Derechos Humanos en las áreas rurales y urbanas de toda Colombia como resultado de acciones inadecuadas y omisiones por parte de las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal. Aunque nuestro ordenamiento jurídico busca garantizar la descentralización política y administrativa, en realidad el presidencialismo es muy fuerte, por lo que las condiciones en materia de seguridad ciudadana para la garantía y protección de los derechos de las personas son en gran medida responsabilidad del presidente de la república, quien como jefe de estado es el responsable de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.
Con el propósito de identificar las 5 principales causas del deterioro en materia de Derechos Humanos en el país, en este artículo se dejan de lado los acuerdos electorales del actual gobierno nacional con lideres de organizaciones criminales para obtener respaldo político en los territorios a cambio de votos e inmunidad jurídica, también se dejan de lado las dinámicas de entrada de recursos ilegales y de ingresos no reportados ante las autoridades electorales para garantizar la legitimidad de la financiación de la campaña, ni la información ampliamente conocida en el proceso por enriquecimiento ilícito por parte del hijo del actual presidente de la república. Estos hechos podrían explicar mucho de la situación actual, pero nos vamos a centrar en 5 elementos muy puntuales, en los cuales las acciones y omisiones del gobierno nacional van en contravía de la construcción de un país con condiciones adecuadas para el respeto de la dignidad humana y el desarrollo económico, político y social que permitan mejorar la calidad de vida de todas las personas.
- Política contra la criminalidad del gobierno nacional:
Gran parte del éxito electoral que llevo a la presidencia a Gustavo Petro fue el resultado de sus promesas de acabar a violencia a partir de una negociación con los grupos armados ilegales, incluso llegó a afirmar de manera insulsa que a los tres meses de ser presidente se acabaría el ELN, algo bastante alejado de la realidad que obviamente no ha ocurrido un año y 5 meses después de iniciado su gobierno.
Aunque se tiene la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, la cual se estructura en cuatro componentes, dos de los cuales resultan bastante problemáticos: el desmantelamiento, y la transformación del Estado[1]. Es importante tener en cuenta que en realidad, en ninguna de las negociaciones se ha exigido como punto fundamental el desmantelamiento de las estructuras criminales, mientras se debilitan las instituciones encargadas de la seguridad nacional, lo que quiere decir que esta política no es más que un documento sin acciones de gobierno orientadas a su materialización real.
Paradójicamente en el gobierno que prometía fortalecer los espacios de dialogo con la ciudadanía, las instituciones, y todos los actores sociales, se han dejado de lado la opinión de las demás instituciones de los tres poderes del Estado, como ocurrió con las críticas a esta política por parte de la Fiscalía General de la Nación, entidad de vital importancia en el sistema de justicia que fue atacada por sus posiciones, y posteriormente ignorada, ya que aunque se sabe que “si bien las posturas del Consejo Superior de Política Criminal pueden servir como una guía, no son indispensables al momento de que se vote un proyecto de ley”[2], esto no quiere decir que este bien anular la voz de las entidades que tienen algún nivel de responsabilidad en la garantía de derechos en el país.
2. Reducción del presupuesto económico para la Defensa Nacional:
La visión del gobierno nacional ha estado alejada de la realidad y la objetividad, muy marcada por ideologías anacrónicas propias del ideario comunista que en su momento formara parte de la plataforma ideológica del grupo guerrillero al que perteneció Gustavo Petro. Ejemplo de ello es que, para orientar recursos a programas sociales, que aún no están muy claros, se presentó una reducción de un billón de pesos durante 2023 para el Sector Defensa de la nación, y esto muestra como resultado que para 2024, “de acuerdo con estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con corte al 23 de marzo han sido asesinados en lo corrido del año 31 líderes y defensores de derechos humanos, así como 4 firmantes del Acuerdo de Paz y se han presentado 27 masacres”[3].
Esto también es el resultado de una pérdida de capacidad operacional por parte de los organismos de seguridad como resultado de la entrega solapada de territorios a los grupos armados ilegales, las directrices de bajar los brazos a los miembros de la fuerza pública, y la tolerancia con las acciones violentas de las organizaciones criminales. La respuesta de las instituciones frente al accionar de los grupos violentos cuenta con menos recursos económicos lo que demuestra un menor apoyo y voluntad política.
3. Imprecisión de conceptos orientadores del gobierno: Seguridad Humana y Paz Total.
La retórica de gobierno es confusa, y no permite una comprensión clara de los conceptos con los que fundamentan sus políticas, sus objetivos, el alcance de sus políticas, ni la lógica de comportamiento del gobierno. Por ejemplo, “de acuerdo con la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total), la seguridad humana fue concebida para: […] proteger a las personas, la naturaleza y los seres sintientes, de tal manera que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano por medio de la creación de políticas sociales, medioambientales, económicas, culturales y de la Fuerza Pública que en su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad[4]”. Como se puede ver, la seguridad ciudadana, la protección de los Derechos Humanos, la lucha contra los grupos armados ilegales que se financian con economías ilícitas, son atendidas con acciones de política social y ambiental. Lo que hace de la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y la protección de los Derechos Humanos, asuntos de menor importancia o accesorios de las políticas social y ambiental.
Prácticamente, se asume que, con la mejora de políticas ajenas a la seguridad, esta va a mejorar, lo que ha llevado a otras personas a advertir que “en este campo hay que tener mucho cuidado en no convertir la política social en un instrumento de la política de seguridad. No se hace inversión social en sectores pobres porque haya violencia o delincuencia, sino porque se necesita mejorar las condiciones sociales”[5]. Y frente a las críticas a esta postura institucional que le entrega el país a. las estructuras criminales, el jefe del gobierno nacional plantea que: “Propusimos, y es lo que proponemos ahora, cambiar el concepto hacia la seguridad humana. La seguridad humana no es un invento mío, es una discusión mundial que tiene como escenario hoy las Naciones Unidas”[6].
De esta manera se extrapola como criterio rector de las acciones y omisiones de gobierno una idea de seguridad planteada por académicos, sin un sustento lógico ni empírico, como un referente para trabajar una de las responsabilidades de gobierno más importantes: la protección de la vida y la seguridad humana. Para todas las personas es bien sabido que trasplantar ideas generales a países y sociedades con condiciones particulares, pocas veces da buen resultado.
4. Afinidad política e ideológica reconocida por el gobierno nacional con el principal grupo armado ilegal:
Es muy claro para la sociedad colombiana y para la comunidad internacional que el actual gobierno nacional tiene un origen subversivo, que se abrió camino en el sistema democrático a partir de unos acuerdos de paz y dejación de las armas hace más de 20 años. Este origen insurgente contra el Estado, coincide con una simpatía ideológica con los grupos insurgentes que se mantienen en armas, tal como lo planteó Otty Patiño, el jefe de la delegación de paz al iniciar los diálogos con el ELN, al afirmar que “no solo hay una simpatía entre la comisión, sino también hay una simpatía política entre la delegación del ELN y el actual gobierno. Es una simpatía que parece obvia, pero que uno la constata en los encuentros”[7]
De allí que no sea extraño el silencio del gobierno nacional en varios casos de afectación a la vida e integridad de la fuerza pública en casos como la retención de casi 80 uniformados de la Policía en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán (Caquetá) en 2023, la expulsión de militares en zonas donde predominan los grupos armados, los múltiples asesinatos a funcionarios públicos, o la intermediación del gobierno nacional en la liberación del padre del futbolista colombiano Luis Diaz, donde claramente se ve un carro transportador de valores como prerrequisito a la entrega del secuestrado, lo que sería una extorsión exitosa con el beneplácito o la complacencia del gobierno nacional.
Aunque las declaraciones del representante del gobierno nacional, Otty Patiño hacen referencia al ELN, se puede deducir que lo mismo ocurre con las organizaciones de corte comunista, y tal vez esto explica porque las acciones de la fuerza pública se enfocan principalmente en atacar al Clan del Golfo, un grupo conformado principalmente por reductos de grupos paramilitares, con quienes no existe ningún tipo de afinidad ideológica ni política.
5. Acuerdos de “Cese al fuego” a la medida de los intereses de los grupos criminales:
Como resultado de las diferentes negociaciones con los grupos delincuenciales, se ha hecho uso de los cese al fuego con el propósito de bajar la intensidad de la violencia, sin embargo, esto solo ha sido una ventaja estratégica para las estructuras criminales, debido a que solo se suspenden las acciones violentas contra los representantes de los organismos de seguridad, y se bajan los brazos de la fuerza pública, mientras los grupos criminales siguen adelantado todas las acciones propias de la economía ilegal y las rentas criminales, entre las cuales se encuentran el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el microtráfico, la minería ilegal, entre otras actividades que afectan de manera directa a las comunidades en todos los territorios, tanto rurales, como urbanos, esto, porque “el cese al fuego dificulta las operaciones preventivas de militares y policías y reduce las posibilidades de reprimir la ilegalidad”[8].
De esta manera, se considera que “la inversión del orden de prioridades en el proceso actual genera ventajas para la guerrilla y desventajas para el Estado”[9] , prueba de que los ceses al fuego son una ventaja estratégica para los grupos criminales es que “a corte de marzo de 2023 se presentaron 210 violaciones al cese al fuego por parte de organizaciones armadas con las que el Gobierno busca adelantar diálogos de paz. Ello indica que, en promedio, hay 2.6 violaciones al cese cada día, la mayoría protagonizadas por las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’.[10]
Así, la estrategia de adelantar diálogos para bajar los brazos de la fuerza pública, mientras que nada cambia, y se dilata de manera sistemática el desmantelamiento de los grupos armados, resulta muy favorable a las estructuras criminales que aprovechan la postura del gobierno para fortalecer sus estructuras económicas, militares y su control territorial.
Por si fuera poco, recientemente se orientaron esfuerzos para crear un fondo multidonantes con la comunidad internacional, para financiar la estructura criminal del ELN y así evitar los secuestros extorsivos, lo que se convierte en una extorsión a la comunidad internacional para dejar de cometer crímenes por unos meses, sin que ello implique la liberación de las personas secuestradas en el momento de los acuerdos.
La gran pregunta que surge después de ver estos errores del gobierno nacional, es si realmente son errores, o son acciones que forman parte de una estrategia de corto, mediano y largo plazo, para debilitar el sistema democrático y sus instituciones, ya no para ejercer gobierno, sino para la toma de todos los poderes estatales y el control territorial como un requisito fundamental para crear un sistema político como el venezolano, amparado en una ideología comunista, y con el respaldo de todas las estructuras criminales que se pueden beneficiar con ese tipo de gobierno.
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Escrito por: Germán Fandiño Sierra
Politólogo Internacionalista – Máster en DDHH – Democratización
[1] Esta es la nueva política de Gustavo Petro que busca desmantelar a grupos criminales. Los planes piloto iniciarán en las tres zonas más afectadas por el conflicto armado. Redacción Semana. 9 de septiembre de 2023. Disponible en: https://www.semana.com/politica/articulo/esta-es-la-nueva-politica-de-gustavo-petro-que-busca-desmantelar-a-grupos-criminales/202336/
[2] La Corte Constitucional deja coja la paz total de Petro. JUAN PABLO VÁSQUEZ Bogotá – 30 NOV 2023 – 23:00 COT. Disponible en: https://elpais.com/america-colombia/2023-12-01/la-corte-constitucional-deja-coja-la-paz-total-de-petro.html
[3] Gobierno Petro admitió recorte de casi $1 billón para el sector defensa en 2023. 29 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.elcolombiano.com/colombia/gobierno-de-gustavo-petro-admitio-recorte-de-casi-1-billon-para-el-sector-defensa-en-2023-FP20943350
[4] POLÍTICA DE SEGURIDAD, DEFENSA Y CONVIVENCIA CIUDADANA. GARANTÍAS PARA LA VIDA Y LA PAZ 2022-2026. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Página 11. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/16d9g2L52DvjRDFli8q8hPKW7NGPqn3cI/view
[5] La “seguridad humana” del presidente Petro. Escrito por Hugo Acero septiembre 4, 2022. Disponible en: https://razonpublica.com/la-seguridad-humana-del-presidente-petro/
[6] Tenemos que escoger el concepto de seguridad humana que se basa, no en el número de bajas, sino en el aumento de la vida: Presidente Petro. Disponible en: https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Tenemos-que-escoger-el-concepto-de-seguridad-humana-que-se-basa-no-en-el-nu-220819.aspx
[7] Diálogos de paz “Hay una simpatía política entre la delegación del ELN y el actual gobierno”: Otty Patiño El jefe de la delegación de paz del Ejecutivo dijo que la confianza que hay entre las partes permitirá avances positivos en la mesa de diálogo que se instaló en Caracas. 22 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/hay-una-simpatia-politica-entre-la-delegacion-del-eln-y-el-actual-gobierno-otty-patino/202222/
[8] El cese al fuego solo beneficia al ELN. Escrito por Armando Borrero julio 16, 2023. Disponible en: https://razonpublica.com/cese-al-fuego-solo-beneficia-al-eln/
[9] El cese al fuego solo beneficia al ELN. Escrito por Armando Borrero julio 16, 2023. Disponible en: https://razonpublica.com/cese-al-fuego-solo-beneficia-al-eln/
[10] Gobierno Petro admitió recorte de casi $1 billón para el sector defensa en 2023. 29 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.elcolombiano.com/colombia/gobierno-de-gustavo-petro-admitio-recorte-de-casi-1-billon-para-el-sector-defensa-en-2023-FP20943350
