Establecer la correlación entre el desarrollo económico y los derechos humanos es una tarea bastante ambiciosa. Para hacerlo de manera completa, se requeriría analizar una a una actividades económicas como la agricultura, ganadería, la pesca, la actividad minera y de hidrocarburos, las industrias manufactureras, la construcción, el comercio (mayorista, minorista) la industria automotriz, el transporte, el amplio sector de servicios, las actividades financieras, inmobiliarias, las actividades profesionales, y muchos sectores y subsectores más. Sin embargo, el propósito de este articulo se limita a presentar algunas observaciones de carácter general sobre la necesidad de evaluar de manera multidisciplinar el impacto de las decisiones adoptadas por quienes tienen cargos de responsabilidad, ya que de sus aciertos o desaciertos depende la calidad de vida de millones de personas que día a día deben buscar la manera de satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias.
Sin lugar a dudas, como resultado de las medidas de carácter sanitario para evitar la propagación y mitigar el impacto de la COVID-19, hemos visto que el deterioro de las actividades económicas ha sido un efecto generalizado, aunque afecte de manera diferente a las personas, sectores económicos y países. En esta situación se han agravado problemas de carácter social como el incremento de la delincuencia, el aumento de casos de la violencia intrafamiliar, la mendicidad, el desempleo, la perdida de negocios por quiebra, entre otros problemas que han sido eclipsados por las cifras de salud relacionadas con la COVID- 19 como el número de muertos, contagiados, personas dadas de alta, número de vacunados, porcentajes de capacidad de atención en Unidades de Cuidado Intensivo, entre otros.
Ahora la prioridad en la mayoría de los hogares se centra en sobrevivir ante tantas dificultades, así lo refleja un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el que indican que para 2020 se presentaba un “desplazamiento del consumo de las personas en los meses de marzo y abril hacia productos de primera necesidad, en conjunto con productos de aseo y de informática”[i] Así las cosas, evidentemente las restricciones impuestas frente a esta crisis llevaron a una drástica disminución en la demanda de múltiples servicios, y con ella llegaron la perdida de empleos y reducción de ingresos de millones de personas, lo que implica la precarización de la calidad de vida de quienes ya no tienen como llevar un sustento a sus hogares.
Poco a poco, y con el propósito de volver a reiniciar su actividad económica, muchas empresas asumieron el costo de la implementación de medidas de bioseguridad, haciendo ajustes en toda su operación para actuar de manera resiliente y responsable frente a la crisis, sin embargo, pasado mas de un año de la primer cuarentena estricta, el remedio sigue siendo el mismo: cuarentenas estrictas, esto, a pesar que se nos dijo que nos encerraban en nuestros hogares acabando con millones de empleos mientras adoptaban las medidas necesarias para fortalecer el sistema de salud, algo que no ocurrió de manera significativa.
A pesar de que nos jactamos de ser una democracia de las mas estables de toda américa latina, personas como la alcaldesa de Bogotá no han entendido, tal como lo han indicado las Naciones Unidas que “la viabilidad de la democracia depende mucho de su capacidad para entregar dividendos sociales, que hagan posible que la gente crea que el sistema le sirve a su realización humana. Y eso es lo que hace que la democracia dependa tanto del desarrollo económico, pero que el desarrollo económico también dependa de la democracia”[ii].
Desconocen además la Constitución Política que han jurado cumplir, la cual de manera clara y expresa determina en su artículo 334 Título 12 – del régimen económico y de la hacienda pública, que “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos”[iii], no obstante lo anterior, adoptan medidas irresponsables que acaban con el empleo, en lugar de generar mas y mejores oportunidades para todas las personas.
Otro de los artículos de nuestra Constitución Política olvidado en tiempos de pandemia, o el cual si lo han leído, no lo han entendido como una consagración jurídica del desarrollo como un derecho[iv], es el 366 del capitulo V intitulado: “De la finalidad social del Estado y de los servicios públicos”, el cual expresa que “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado”.
Como es de esperarse, así como no conocen, no entienden, o no les interesa cumplir lo consagrado en nuestra Constitución política respecto al desarrollo como un derecho y una finalidad del Estado (es decir como uno de los deberes que juraron cumplir al posicionarse en sus cargos), también olvidan el marco jurídico internacional, en especial, la Declaración sobre el derecho al desarrollo adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986, en la cual se reconocen, entre otras cosas, varios elementos de vital importancia como los siguientes:
- “el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan”
- “la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales”
- “el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que componen las naciones”
Por lo anterior, esta Declaración sobre el derecho al desarrollo establece lo siguiente en sus dos primeros artículos:
- Artículo 1: “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”.
- Artículo 2 numeral 2: “Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo”[v].
Así las cosas, “partiendo de este primer artículo vemos la primera relación, el desarrollo es un derecho humano, compuesto por cuatro grandes pilares, el desarrollo social, cultural, político y económico”[vi]. Es evidente que la comunidad internacional ha entendido que el desarrollo económico y crecimiento económico bien manejados, con políticas de empleo justas y con una redistribución adecuada contribuyen en el bienestar social, algo necesario más aun si se tiene en cuenta que los estados no pueden proveer de todos los bienes y servicios a todos los habitantes del territorio, por lo que lo mínimo que se debería esperar es que las personas naturales y jurídicas tengan la libertad de buscar su sustento en desarrollo de las dinámicas comerciales del día a día. Las actuales restricciones a la libertad so pretexto de “garantizar el derecho a la salud y proteger la vida” terminan coartando muchos mas derechos y acabando con la libertad de todas las personas ante la falta de una adecuada gestión publica frente a la crisis sanitaria.
No obstante lo anterior, y a pesar de haber tenido mas de un año para adoptar las medidas pertinentes en materia de salud pública, a pesar de contar con todos los recursos económicos, de talento humano, todo el marco de competencias que le ofrece la ley y el apoyo del gobierno nacional, en ciudades como Bogotá el remedio sigue siendo el mismo: cuarentenas estrictas, perdida de empleos, cierre de negocios, ausentismo escolar, etc. Se nos restringe la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a vivir una vida digna, todo so pretexto de cuidar el sistema de salud para que no colapse porque no hubo la capacidad intelectual ni institucional para fortalecerlo.
Estas restricciones a la libertad entendida en un sentido amplio ya que hablamos de la libertad de circulación, la libertad de empresa, entre otras, en una economía como la colombiana, donde la informalidad es tan grande, resultan realmente lesivas contra toda la población. Recordemos que incluso antes de la pandemia, en 2019 una investigación revelo que “el 66% de los trabajadores no cuenta con contrato o protección social, y muchos ganan menos del mínimo”[vii], lo que se agrava si se tiene en cuenta que “el periodo en que este fenómeno se dispara después de los 61 años (92%), “pues es cuando los adultos mayores buscan cualquier fuente de ingresos con tal de lograr su sobrevivencia y enfrentar los riesgos asociados con su vejez”[viii], y que “en cuanto a los sectores económicos, el agropecuario y el minero presentan las tasas de informalidad laboral más altas en el país (88,7%), seguido por el comercio (78,2%) y la construcción (74,1%)”[ix]. Esto nos muestra que no se tiene en cuenta el enfoque etario para el análisis e implementación de políticas públicas, y la protección a poblaciones vulnerables como el adulto mayor tan solo son retorica vacía de hechos concretos.
Respecto al impacto de la informalidad en nuestra economía, para 2021 según las cifras oficiales, entregadas por el Departamento Nacional de Planeación, encontramos unos porcentajes mucho mas bajos, no respecto a las mismas categorías referidas en el informe anterior, sino en categorías mas generales y por ciudades y áreas metropolitanas, lo que ha llevado a que muchas personas no crean estas cifras del gobierno, pero aun así, como son las cifras oficiales hay que decirlas y cada quien vera si las cree o no, pero según estas cifras un poco mas alentadoras, “en el trimestre móvil diciembre 2020 – febrero 2021, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,1%. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de informalidad fue 49,2%, lo que representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales comparado con el trimestre móvil diciembre 2019 – febrero 2020 (47,9%)”[x]. A pesar de esto, hay quienes esperan que todos los seres humanos se reinventen en esta pandemia y realicen sus actividades económicas desde la comodidad de su hogar, mediante plataformas tecnológicas, pasando los nuevos “puentecitos” en casa, como si los meseros, cocineras, vendedores de tintos, tenderos, peluqueros, etc, pudiesen prestar sus servicios virtualmente… lo que es opinar con la barriga y la cuenta bancaria llenas, vergonzoso.
Dejando de lado un poco el poder ejecutivo, lamentablemente atrás quedaron los tiempos en los que el Ombudsman miraba a los Monarcas a los ojos y les decía que estaba mal en su reino, para que adoptara medidas en favor del pueblo. Ahora en nuestro país el Defensor del Pueblo solo parece interesarse en conmemorar fechas significativas a nivel nacional e internacional para tomarse fotos sonriendo, con personas con relevancia mediática, política e institucional, o hacer algo de sensibilización frente a temas como las minas anti persona, el día de la tierra, el día de la radio, el día de los bosques, jornadas de atención a población migrante, niñez, entre otros temas muy importantes sin lugar a dudas, ¿pero donde queda su defensa del derecho al desarrollo?, ¿dónde esta su defensa al derecho al trabajo? Y ni hablar de su casi inexistente falta de acción frente al cumplimiento de los acuerdos de paz y su impacto en materia de derechos humanos en todo el territorio nacional.
Desde las instituciones públicas, en especial, desde el ministerio público no hay quien se preocupe de manera comprometida y seria por los derechos asociados al desarrollo humano para vivir una vida digna. Es lamentable decirlo, pero es así, el Defensor de Pueblo, nuestro Ombudsman moderno mira al despacho de la presidencia, y a los despachos de las gobernaciones y alcaldías como si allí habitaran deidades caprichosas a la que no se le deben tocar temas sensibles so pena de perder su cercanía con el poder ejecutivo a nivel nacional y territorial, y a quienes hay que complacer con un silencio cómplice frente a lo que esta mal. Prefiere cumplir con expectativas de carácter político, de grupo y de clase, antes que cumplir a cabalidad y con honor las obligaciones constitucionales propias de su cargo como “Defensor del Pueblo”.
Respecto a los pequeños, medianos y grandes empresarios, al igual que todas las personas que tienen cargos de responsabilidad en el sector privado, solo puedo agradecer por su contribución en la construcción de un mejor país, por su aporte en materia de empleo, por su tenacidad frente a la crisis, por adaptarse para cumplir con los requisitos en materia de bioseguridad. Sin lugar a dudas su labor, aunque silenciosa y sin ánimos de protagonismo, mejora la vida de todos y cada uno de sus empleados y sus familias, tengo la certeza de que sin su aporte no podríamos superar o sobrellevar esta crisis como lo hemos hecho. Su labor es mas importante y significativa que la de muchos de quienes ocupan altos cargos en las diferentes ramas del poder público.
A todos aquellos emprendedores que entraron en quiebra y perdieron sus negocios, a pesar de sus esfuerzos les deseo de todo corazón que se recuperen, que encuentren la manera de volver al desarrollo de sus diferentes actividades económicas con mas fuerza, y que logren generar productos y servicios en beneficio de las actuales y futuras generaciones dentro y fuera de nuestro país, produciendo riqueza para ustedes, sus familias, sus colaboradores y toda la sociedad. Dios los bendiga.
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
[i] Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá – Facultad de Ciencias Económicas. Documentos FCE-CID Escuela de Economía N.° 108 Agosto 2020. IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 SOBRE LA ECONOMÍA COLOMBIANA. UNA PANDEMIA TEMPORAL CON EFECTOS PERMANENTES. Segundo Trimestre de 2020. Unidad Macroeconómica de Análisis UMAC. Página 27. Disponible en: http://www.fce.unal.edu.co/media/files/CentroEditorial/documentos/documentosEE/documentos-economia-108.pdf
[ii] Derechos humanos y desarrollo económico y social. Enrique V. Iglesias. Revista IIDH. Vol. 40. Página 18. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/R08064-1.pdf
[iii] Disponible en: https://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-1/articulo-334
[iv] El desarrollo como derecho. Una perspectiva histórica de su consagración jurídica internacional. Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 44, No. 121 (2014) / 523. Juan Camilo Castellanos Restrepo – Milany Andrea Gómez Betancur. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v44n121/v44n121a04.pdf
[v] Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx
[vi] Relaciones entre derechos humanos y desarrollo económico. Disponible en:
https://mitotor.wordpress.com/2013/04/27/relaciones-entre-derechos-humanos-y-desarrollo-economico/
[vii] Informalidad laboral en Colombia es más alta de lo que se cree. Marzo 13 de 2019. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/el-pais-esta-rezagado-en-formalidad-laboral-527425
[viii] Ibíd.
[ix] Ibíd.
[x] Empleo informal y seguridad social. Información diciembre 2020 – febrero 2021. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
