El sistema democrático colombiano, se ha visto desafiado por múltiples actores, tanto legales como ilegales, desde el establecimiento del Estado Social de Derecho, basado en sistemas de equilibrio de poderes, y basado en contrapesos, conforme a lo consagrado en la Constitución Política de 1991, pero sin lugar a dudas, en la actualidad afrontamos como sociedad el riesgo inminente de perder el sistema democrático tal y como lo conocemos. Ya el candidato del mal llamado progresismo ha anunciado que de ganar acabaría con el Consejo de Estado, porque no les sirve que les hagan cumplir la ley, para ellos la ley es un estorbo, como en toda dictadura.
Antecedentes históricos. captura del proceso democrático y criminalidad organizada: Es bien sabido que desde el denominado “Proceso 8.000” en el cual se evidencio la financiación ilegal con dineros del narcotráfico de la campaña presidencial del ex presidente de Colombia, e integrante del partido liberal, Ernesto Samper, los diferentes grupos armados que de una u otra manera forman parte de la cadena del narcotráfico, han logrado de incidir en la conformación de las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y de manera indirecta en el poder judicial. Siendo la incidencia en los procesos democráticos el elemento preferido por parte de las organizaciones criminales para cooptar el poder o hacer elegir a sus aliados en los distintos cargos de elección popular en cuerpos colegiados y de carácter uninominal en todo el territorio nacional, tal como pasó con la denominada Para-Política y ahora con la Farc-Política, etc.
Violencia política y delitos electorales: Para consolidar su incidencia en los procesos democráticos, los grupos violentos , no solo avanzan en el desarrollo de asesinatos selectivos, y acciones de represión contra líderes sociales, periodistas, simpatizantes de partidos políticos, candidatos y partidos contrarios a sus intereses, sino que también se han hecho expertos en la planeación, articulación y ejecución de múltiples irregularidades y delitos electorales para favorecer a sus candidatos, desde su financiación con dineros ilícitos, pasando por el transporte de comunidades alejadas a centros de votación, hasta el desarrollo de acciones violentas con propósitos electorales.
Tipología de delitos electorales en Colombia: El ordenamiento jurídico colombiano tipifica las siguientes conductas penalmente relevantes en el marco de los procesos electorales. Entre las más relevantes se encuentran:
• Constreñimiento al sufragante
• Corrupción al sufragante (compra de votos)
• Fraude en la inscripción de cédulas (trashumancia electoral)
• Fraude al sufragante y suplantación
• Alteración de resultados electorales
• Financiación ilícita de campañas
• Violación de topes y omisión de reportes financieros
El control, prevención y sanción de estas conductas se distribuye según sean las competencias, entre el Consejo Nacional Electoral (ámbito administrativo), la Fiscalía General de la Nación (ámbito penal) los órganos de control disciplinario, y todas las demás entidades que conforman el Sistema Nacional Electoral. La coexistencia de estos regímenes de responsabilidad y competencias, explica por qué muchas controversias electorales no se resuelven de manera inmediata, ni uniforme y porque le es tan fácil a los violentos y los corruptos incidir de manera impune en el proceso electoral, ya que no hay coordinación interinstitucional, y todo es susceptible de ser politizado desde el discurso, evadiendo así el estricto cumplimiento de las normas orientadas al deber ser. Si la impunidad en materia penal y administrativa en el país es algo vergonzoso que demuestra la fragilidad del sistema de justicia, esto es más preocupante en materia de prevención, contención y sanción de las violaciones e infracciones en materia electoral. Además, el trabajo en materia de prevención de afectaciones al proceso electoral depende de la inercia institucional de cada cuatro años, sin que se actualicen procesos, procedimientos, normativas, herramientas tecnológicas, entre otros temas que podría aprender la institucionalidad colombiana si se diera a la tarea de trabajar con equipos de expertos como el de Ciudadanía para el Desarrollo Consultoría.
Riesgos electorales evidenciados en el proceso de 2022:
Durante el proceso electoral de 2022, los mapas de riesgo elaborados por la MOE mostraron una correlación persistente entre:
• Presencia de actores armados ilegales,
• Economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, contrabando),
• Debilidad institucional local, y mayor probabilidad de afectación a la libertad del voto.
De otra parte, desde el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, advirtió que estas dinámicas podían traducirse en presiones directas o indirectas sobre el electorado, restricciones a la movilización de campañas y exclusión de opciones políticas en determinadas zonas.
Categorías principales de riesgo electoral: A partir de lo anterior, se pueden establecer las siguientes cinco categorías principales de riesgo electoral:
- Constreñimiento al elector y restricción del ejercicio político.
- Compra de votos y clientelismo transaccional.
- Fraude en la inscripción de cédulas y manipulación del censo.
- Irregularidades en votación y escrutinios.
- Financiación opaca de campañas y violación de topes.
Los precedentes que tenemos en cuanto a la posible materialización de varios de estos delitos electorales en el proceso de elecciones de 2022 para congreso y presidente de la república, son un antecedente que nos puede servir como referente para prevenir la materialización de estos actos en el proceso de 2026.
Antecedentes a tener en cuenta:
a. Antecedentes inmediatos por posibles violaciones a las normas electorales por parte del actual equipo de gobierno conformado por el Pacto Histórico, en desarrollo de su campaña presidencial: actualmente se conoce públicamente sobre procesos e investigaciones en curso vinculados a la campaña presidencial de Gustavo Petro/Pacto Histórico por posibles delitos electorales: Desde 2023 y a lo largo de 2024-2025, la campaña presidencial de Gustavo Petro y estructuras del Pacto Histórico han sido objeto de múltiples actuaciones por posibles infracciones al régimen de financiación electoral y otras conductas relacionadas con la transparencia de recursos; entre estas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigación administrativa por presuntos excesos de topes de gasto y omisiones en los reportes financieros de la campaña, formuló cargos a responsables financieros y sancionó a algunos de ellos por vulnerar el régimen de financiación, mientras que la Fiscalía General de la Nación ha adelantado indagaciones preliminares asociadas a posibles financiación irregular y fuentes no reportadas, con diligencias y algunas remisiones a instancias competentes por fuero especial (como la Corte Suprema para personas con fuero), y paralelamente se han registrado actuaciones disciplinarias de la Procuraduría en casos conexos que involucran a personas cercanas al proceso, todo ello bajo observación pública y sin que hasta la fecha exista una condena firme definitiva.
b. Riesgo por actores armados y control territorial: contexto habilitante para delitos como constreñimiento al elector, compra de votos, y restricciones a la participación en territorios: Las elecciones presidenciales de Colombia en 2022 se desarrollaron en un contexto caracterizado por riesgos estructurales persistentes, particularmente en territorios con presencia de actores armados ilegales, economías ilícitas, debilidad institucional local y prácticas clientelares. Diversos informes de observación electoral y alertas tempranas institucionales advirtieron que estas condiciones podían afectar la libertad del voto, la competencia política y la transparencia del proceso electoral, sin que ello implique de manera automática responsabilidad directa de campañas o candidatos específicos.
• La Misión de Observación Electoral (MOE) documentó mapas y factores de riesgo 2022 explicando que la libertad del voto se afecta por presencia de grupos armados ilegales, violencia, clientelismo y restricciones al ejercicio político.
• En el corte preelectoral para presidenciales, la MOE advirtió sobre capacidad de control social y hechos como paros armados cercanos al calendario electoral (mencionando ELN y Clan del Golfo en 2022 como ejemplos de demostración de control/amenaza territorial).
• La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 004 de 2022 para advertir un escenario nacional y regional de riesgo derivado del conflicto armado y otras violencias para los procesos electorales de 2022, incluidas presidenciales.
Análisis territorial priorizado:
Ciudades Capitales: Bogotá, Cali y Medellín. Riesgos menos visibles, pero estructurales: En ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, los riesgos electorales no suelen manifestarse mediante control armado directo, sino a través de mecanismos más sofisticados:
• Financiación opaca de campañas,
• Publicidad digital no reportada,
• Redes clientelares urbanas,
• Presión sobre contratistas y estructuras administrativas.
Estos riesgos son más difíciles de detectar, pero igualmente relevantes para la integridad del proceso democrático. En los principales centros urbanos, los riesgos electorales tienden a manifestarse de forma menos visible, pero igualmente significativa.
Bogotá:
• Riesgos asociados a financiación de campañas y publicidad digital.
• Uso de estructuras administrativas y contractuales.
Cali:
• Influencia de economías ilegales en periferias urbanas.
• Compra de voto focalizada.
Medellín:
• Redes clientelares sofisticadas.
• Riesgos de financiación indirecta.
Financiación política: el eje más sensible del control electoral:
A diferencia del constreñimiento territorial, que suele concentrarse en zonas rurales, la financiación de campañas se ha consolidado como el principal punto de tensión institucional del sistema electoral colombiano.
El debate sobre topes, reportes y fuentes de financiación ha puesto de relieve las limitaciones estructurales del control electoral, así como los vacíos normativos y competenciales que dificultan una fiscalización oportuna y eficaz.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA: pluralidad armada y restricción del ejercicio político: El departamento del Cauca constituye uno de los ejemplos más claros de riesgo electoral estructural en Colombia. La coexistencia de múltiples actores armados ilegales, sumada a economías ilícitas consolidadas, ha generado escenarios donde el voto puede verse condicionado por presión armada, control social y restricciones a la competencia política.
Los informes de observación electoral han señalado que en este contexto aumentan las probabilidades de constreñimiento al elector, compra de votos y exclusión de campañas rivales, sin que ello implique necesariamente coordinación formal con estructuras políticas nacionales.
Riesgos predominantes:
• Constreñimiento directo e indirecto al elector.
• Restricción a la movilización de campañas políticas.
• Compra de votos asociada a control territorial y economías ilegales.
REGIÓN DEL CATATUMBO: frontera, economías ilícitas y captura política local: La región del Catatumbo, en Norte de Santander, combina frontera internacional, economías ilícitas transfronterizas y limitada presencia estatal. Este entorno incrementa los riesgos de:
• Presión armada sobre comunidades rurales,
• Financiación opaca de estructuras políticas locales,
• Interferencia indirecta en el comportamiento electoral.
La región del Catatumbo presenta una combinación crítica de factores de riesgo: frontera internacional, economías ilícitas de alto valor estratégico y limitada presencia estatal. La persistencia de estos factores convierte al Catatumbo en una de las regiones con mayor vulnerabilidad electoral de cara a futuros procesos.
Riesgos identificados:
• Presión armada sobre comunidades rurales.
• Influencia de actores ilegales en dinámicas electorales locales.
• Financiación opaca de estructuras políticas regionales.
ZONAS DE FRONTERA INTERNACIONAL trashumancia y presiones transnacionales: Las zonas de frontera con Venezuela y Ecuador presentan riesgos adicionales asociados a movilidad poblacional irregular, contrabando y control armado. En estos territorios, los organismos de observación han advertido sobre riesgos de trashumancia electoral, uso de recursos ilícitos para movilización política y presiones transfronterizas sobre el electorado. Las zonas de frontera con Ecuador y Venezuela concentran riesgos adicionales asociados a movilidad transfronteriza, contrabando, narcotráfico y control territorial ilegal.
Principales riesgos:
• Trashumancia electoral.
• Presiones transfronterizas sobre el electorado.
• Uso de recursos ilícitos para movilización política.
ESCENARIO DE RIESGO HACIA LAS ELECCIONES DE 2026
De mantenerse las condiciones estructurales observadas en 2022, el escenario electoral hacia 2026 presenta un riesgo elevado de reiteración de prácticas irregulares, particularmente en territorios priorizados. La convergencia entre control territorial armado, clientelismo político y opacidad financiera constituye el principal desafío para la integridad electoral futura.
El análisis evidencia que los riesgos electorales en Colombia responden a dinámicas estructurales persistentes, más que a eventos aislados. La prevención efectiva requiere fortalecer los mecanismos de control electoral, la transparencia en la financiación política y la presencia institucional en territorios críticos.
Desde Ciudadanía para el Desarrollo Consultoría, compartimos este articulo como un insumo preliminar para veeduría electoral, análisis institucional y toma de decisiones estratégicas.
El análisis del proceso electoral de 2022 muestra que los principales riesgos para la integridad democrática en Colombia no son episódicos, sino estructurales. La combinación entre violencia armada, economías ilícitas, clientelismo y debilidad del control electoral configura un entorno de alta vulnerabilidad para futuros procesos.
De cara a las elecciones de 2026, el desafío central no será únicamente la organización técnica de los comicios, sino el fortalecimiento efectivo de la transparencia, la financiación política, el desarrollo de estrategias de campaña claras y la protección del derecho al voto libre.
El Estado colombiano en su totalidad, es decir: las instituciones públicas, la sociedad civil, los partidos políticos, los ciudadanos considerados individualmente, los medios de comunicación, las empresas y demás actores sociales, debemos proteger la democracia, denunciando y evitando la materialización de estos delitos electorales, para garantizar la transparencia y legalidad en el proceso electoral tanto de congreso de la república como a la presidencia.
